“Las actuaciones del Concejo en la aprobación de las facultades para que el municipio concesionara por 20 años el servicio de alumbrado público, nos genera las mismas dudas que la actuación del alcalde”, afirmó el vicepresidente del Frente Unido por Cartago Edison Becerra, al señalar que los concejales que votaron a favor dicho proyecto, también tienen su grado de responsabilidad.
“A nosotros nos genera la misma desconfianza que con el alcalde, porque tuvimos una experiencia con ellos. El 16 de marzo del año pasado vino la encargada de entidades intervenidas de la Superintendencia, la doctora Lucía Hernández Restrepo, y declaró que la intención de la Súper era licitar, como hubo una oposición generalizada de quienes estábamos allí, incluidos los concejales, nos hicieron creer que ellos estaban dispuestos a jugársela por unas empresas municipales autónomas e integras en su patrimonio público”
Pero en el momento de aprobar la concesión, actuaron de forma contraria.
“Sin embargo, pocos meses después, ellos mismos estaban aprobando la facultad al alcalde para concesionar el alumbrado público, es decir, totalmente contrario a lo que inicialmente dijeron cuando les convenía, pero posteriormente vino la posibilidad de licitar y de los 17 concejales, 14 votaron a favor de que el alumbrado público se desmembrara de las Empresas Municipales como parte de su patrimonio público. De modo que nos suscita exactamente la misma desconfianza, la credibilidad de esos concejales está hoy por el suelo”.
Dijo que el Frente Unido por Cartago ya adelanta las acciones judiciales respectivas y que esperan que la ley actúe en este caso.
“Estamos adelantando conversación con un grupo de abogados con este particular y vamos a trabajar porque actúe la ley, porque si dejamos que estos precedentes se vayan sentando como si nada pasara, creo que el futuro de la ciudad va a ser muy negro y éste es el momento justamente para que las fuerzas vivas de Cartago se pronuncien”.
Finalmente citó un caso en el que se habría producido un presunto detrimento patrimonial con los subsidios de energía.
“Haber subsidiado a Diselecsa con los consumos de energía por debajo de los precios vigentes en ese momento, eso lo pagó Empresas Municipales, cubrieron ese inferior valor que se le daba a Diselecsa cuando ejercía el contrato de concesión del alumbrado público y eso es detrimento público. Todo eso tiene que ser objeto de un cuidadoso análisis de profesionales del derecho, para que la ley se imponga en esto y Cartago pueda recuperar lo que ha venido perdiendo durante mucho tiempo, su patrimonio público, y la ciudadanía pueda recuperar la confianza y la seguridad de que los funcionarios que lleguen al área pública, en el ejecutivo o legislativo, sean funcionarios precedidos de dignidad, de sentido de la honradez y de la ética pública”.
