La asamblea departamental aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza 030 que, mediante la modificación del Artículo 272 del estatuto tributario y de rentas, prorroga por 4 años la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana.

Gracias esa tasa que empezó a regir desde el 2017, el departamento ha obtenido resultados importantes en materia de percepción de seguridad, se lograron bajar los índices de homicidios y dotar de mejores equipos a los organismos de seguridad e investigación.

En 2017, 2018 y 2019, con corte al 30 de octubre, se han recaudado $ 45.499 millones de los cuales se han invertido $ 43.680 millones.

Con la prórroga de la tasa por 4 años más, queda garantizada la terminación del Centro de Control y Emergencias C-3 que se construye en Buga y que demanda una inversión de $ 82.000 millones, de los cuales ya se han ejecutado $ 30.000 millones. Se calcula que este centro de control podría estar terminado en menos de dos años.

Con la prolongación de la vigencia de la tasa se apoyará la consolidación de acciones de prevención y coerción de las actividades delictivas en la región. Se pretende también continuar con la reducción de 6 tipos de delitos: Homicidio, Secuestro, Extorsión, Hurto a Comercio, Hurto de Automotores y Homicidio en Accidente de Tránsito.

Con los recursos recaudados se ampliará la estrategia de vigilancia mediante cámaras de seguridad, las que serán instaladas en los municipios de Alcalá, Ulloa, Obando, El Cairo, Argelia, La Victoria, Roldanillo, Toro, Versalles, El Dovio, Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Riofrio, Buga, San Pedro, Calima-El Darién, Yotoco, Restrepo, Ginebra, Guacarí, Florida, Candelaria, La Cumbre, Yumbo y Jamundí.

Programas como las rutas de seguridad, corredores seguros, territorios seguros y construcción de paz igualmente serán fortalecidos y se continuará con la entrega de motos, camionetas y motores fuera de borda a los organismos de policía y la fiscalía.