La Gobernación del Valle del Cauca recibió la habilitación autónoma del servicio catastral en 21 de los 42 municipios, por parte del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’, es decir, que atenderá todos los trámites catastrales requeridos por la ciudadanía.

El anuncio fue hecho por Diana Lorena Vanegas Cajiao, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca, al explicar que es un logro para la descentralización y el fortalecimiento como región. “Vamos a hacer actualización en 21 municipios, la idea es que podamos apostarle a tener un departamento actualizado como es el lineamiento del Gobierno nacional. Todo esto está basado en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional y también es implementado por la señora Gobernadora, quien ha dispuesto algunos recursos para poder nosotros realizar ese catastro”.

La actualización, conservación y difusión catastral por parte del departamento se hará en Dagua, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Versalles y Yumbo.

La funcionaria explicó que el servicio a los ciudadanos se hará personalizado, por lo tanto, se hará con agendamiento de cita previa a través del correo Electrónico

[email protected], en el cual los usuarios podrán dejar sus datos personales, el municipio, el trámite que deseen realizar. La atención se hará próximamente en el antiguo edificio de la Beneficencia del Valle, una vez se termine de adecuar el sitio con todas las medidas de bioseguridad.

El objetivo para el Gobierno de Clara Luz Roldán González es apostarle a tener un departamento actualizado, toda vez, que, según la Gerente de la Unidad Administrativa de Catastro del Valle del Cauca, el departamento se encuentra en una desactualización catastral del 90%. Es decir, los municipios no tienen actualizada sus bases catastrales, situación que ocurre en casi todo el territorio nacional.

La ventaja es que la actualización catastral generará seguridad jurídica sobre los bienes y sobre las tierras del departamento que estén en cabeza de los particulares y las mismas entidades del estado.