Hay expectativa por conocer el desarrollo de una investigación en contra de varios congresistas señalados de realizar actos de corrupción de la misma manera como fue condenado el exsenador Mario Castaño Pérez, que murió recientemente mientras pagaba una condena de 15 años en la cárcel La Picota.

Según se ha conocido, un grupo especializado de fiscales anticorrupción investiga varias evidencias sobre las maniobras que habrían desplegado congresistas, funcionarios públicos y particulares para apoderarse de los recursos estatales.

Según revelan medios nacionales, el objetivo de los políticos es aumentar su volumen electoral en las regiones en las que se tiene previsto realizar obras con plata de la paz. Por el lado de los contratistas, su propósito es aumentar sus riquezas y el de los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.

En esta investigación aparecen los nombres de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Ciro Ramírez, recientemente capturado además de los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y el excandidato a la Cámara de Representantes por el Valle, Julio César García.