La medida del cierre de fronteras que rige en el departamento desde el pasado 9 de mayo y culmina el 31 de este mes, busca en medio de la alteración del orden público preservar el bienestar de los vallecaucanos y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, manifestó que desde que se expidió el decreto de cierre de fronteras son las Fuerzas Militares, tanto Ejército como Policía, las encargadas de hacerlo cumplir.

"La señora Gobernadora tiene el deber constitucional de mantener el orden público en el departamento. Por ello, la medida de cerrar fronteras está encaminada al cumplimiento de ese deber, pues existen algunos puntos de bloqueo que no son protesta pacífica pues incumplen los mínimos de convivencia y respeto por la sociedad vallecaucana. Aclaro, no son todos”. precisó el funcionario.

La medida, que apunta a garantizar los derechos colectivos de los vallecaucanos, también responde al aumento de casos de COVID-19 que tienen en alerta a la red hospitalaria.

“Cerrar fronteras no solo obedece a una medida prudencial sino necesaria para el departamento y el bienestar de todos los vallecaucanos y de aquellos que quieren visitarnos, además de brindar garantías a la protesta social, en especial, cuando algunos puntos de bloqueo no cumplen con los lineamientos de la Corte Interamericana y ponen en riesgo otros derechos colectivos: como la vida, la salud pública, seguridad alimentaria y el derecho al trabajo. Esto sin olvidar que todavía existe el COVID-19, situación que afecta la red de salud, donde hoy estamos por encima del 95% de ocupación de UCI”, aseguró Murcia Lozano.

El Gobierno departamental reitera que las medidas adoptadas se tornan necesarias y ajustadas a la Constitución y la norma internacional ante hechos que han desembocado en muertes en las vías, ataques a la misión médica y el desabastecimiento en la región.