La Defensoría del Pueblo emitió oficialmente la Alerta Temprana 018 de 2025 para todo el municipio de Suárez, en el norte del Cauca. La medida se basa en el análisis de que el frente armado Frente Jaime Martínez, bajo la influencia de la disidencia liderada por Iván Mordisco, ejerce un control “hegemónico” en la región—rural y urbana—lo que sitúa a la población civil en riesgo extremo.
⚠️ Principales factores de riesgo identificados
- El grupo armado controla más de 50 veredas, la cabecera municipal, nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas, lo que evidencia un dominio amplio de la zona.
- Se documenta que dicha estructura ilegal ha asumido funciones estatales como la imposición de “impuestos”, cobros extorsivos, justicia paralela y regulación de la movilidad y la producción ilícita (minería y hoja de coca).
- La disputa territorial por corredores de narcotráfico y economías ilegales (oro, minería, cultivos ilícitos) intensifica la violencia, el reclutamiento de menores y la amenaza directa para la población civil.
- Se denuncia que la logística de guerra en la zona incluye mina antipersonal, explosivos improvisados, drones modificados, lo que multiplica el peligro para quienes viven allí.
🧭 Consecuencias para la comunidad local
- Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas están particularmente expuestas: su autonomía se ve menoscabada y los liderazgos sociales son blanco de intimidación y homicidios selectivos.
- Las instituciones públicas locales han sido suplantadas o cooptadas por las dinámicas de gobernanza armada ilegal, lo cual debilita la protección de derechos y el acceso efectivo al Estado de derecho.
- El desplazamiento forzado, el confinamiento y la pérdida de medios de vida se perfilan como efectos inminentes si no se toma acción rápida por parte del Gobierno y las organizaciones humanitarias.
🔮 ¿Qué viene ahora?
La emisión de la alerta requiere una respuesta integral del Estado:
- Despliegue de presencia institucional robusta (policial, militar, judicial, social) con protección de la comunidad.
- Articulación de rutas de atención para víctimas, retorno de personas desplazadas y medidas de prevención del reclutamiento forzado.
- Fortalecimiento de la infraestructura de derechos humanos: vigilancia, denuncia, defensa de liderazgos ciudadanos y transparencia en la acción estatal.
Esta alerta representa una llamada urgente: Suárez ya no solo es zona de conflicto, sino un territorio bajo dominio de facto de una estructura armado-criminal que desafía el monopolio estatal. La supervivencia de muchas familias y comunidades depende de que la reacción institucional sea rápida, coordinada y eficaz.