El dictamen tiene fecha del 13 de diciembre de 2017, correspondiente a la sala extraordinaria número 66, cuyo expositor es el procurador Andrés Mutis Vanegas, se relaciona con la querella formulada por la diputada Juana Eloísa Cataño por las posibles ilícitos atribuidos a la mandataria. Estos se refieren al desplazamiento que realizó la gobernadora al alejarse del país, usando recursos públicos para entrar a los Juegos Olímpicos, empleando una credencial falsa para participar de los Juegos Olímpicos festejados el 2016.

Con respecto a los antecedentes del proceso, en el auto del 17 de agosto de 2016 la Procuraduría Regional del Valle del Cauca autorizó el comienzo de la indagación preliminar en contra de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. La Sala Disciplinaria estableció que en respuesta a lo imputado, el Comité Olímpico Colombiano sostuvo que no entregó bienes a la Gobernadora para su traslado a Río de Janeiro.

De acuerdo con, lo expuesto en la carta de invitación remitida a la Gobernadora, esta señala que la estadía y pasaje aéreo se le suministraría, información muy diferente a la queja de su viaje. Por consiguiente, la acusación de la diputada Juana Eloísa Cataño no tiene ningún sustento legal.

Según lo anterior, la procuraduría notifica que: “por lo demás basta con agregar que lo relevante para el caso analizado es establecer que el viaje de la servidora no fue financiado con recursos públicos del departamento, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada con la certificación expedida por la Subdirectora de Tesorería del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas de la Gobernación del Valle del Cauca en la que informó que al revisar las bases de datos del Sistema de Información Financiera se pudo constatar que no se registran órdenes y pagos por concepto de reconocimiento de viáticos pasajes y hospedaje a la gobernadora Dilian Francisca Toro para asistir a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016”. Dictamen que exonera a la dirigente de toda responsabilidad.