La solicitud del presidente Gustavo Petro de aplicar la Ley 2292 de 2023 a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha generado un amplio debate jurídico. El mandatario busca que la influencer pueda salir diariamente de la cárcel, argumentando su condición de madre cabeza de hogar. Sin embargo, expertos en derecho penal advierten que Barrera no cumpliría con los requisitos establecidos en la normativa.
Los argumentos de la defensa y el contexto jurídico
Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por actos vandálicos cometidos durante el paro nacional de 2019, específicamente por daños a bienes públicos en el sistema de transporte TransMilenio. Recientemente, en una entrevista con Noticias RCN, la empresaria solicitó la ayuda del presidente para obtener su libertad, lo que llevó a Petro a pedir a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que analizara la aplicación de la ley.
La Ley 2292, promulgada en julio de 2023, busca beneficiar a mujeres cabeza de hogar en prisión por delitos cometidos en condiciones de marginalidad. Según la normativa, las penas de cárcel pueden ser sustituidas por servicios comunitarios, permitiendo a las beneficiarias continuar con sus responsabilidades familiares. No obstante, para acceder a este beneficio, las condenadas deben cumplir tres condiciones principales:
- Ser madre cabeza de familia sin apoyo alterno.
- Haber cometido delitos de hurto o tráfico de estupefacientes con penas menores a ocho años.
- Haber delinquido en circunstancias de marginalidad que afectaran la manutención del hogar.
Adicionalmente, la normativa excluye a quienes hayan sido condenadas por otros delitos en los cinco años anteriores o tengan antecedentes penales fuera de los contemplados en la ley.
Análisis de expertos y posibilidades legales
El profesor Norberto Hernández, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, indicó que Barrera no cumple con los criterios de la Ley 2292. Según su análisis, la influencer no podría ser considerada madre cabeza de familia, ya que su pareja sentimental podría asumir el cuidado de su hija. Además, el delito por el que fue condenada, daño a bienes públicos, no está contemplado en la ley, que se enfoca en delitos como hurto y tráfico de drogas.
Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino indicó que Barrera podría acceder a beneficios penitenciarios, pero no a través de la Ley 2292. Explicó que, según la legislación vigente, podría obtener una rebaja de pena al cumplir las tres quintas partes de su condena y, en un plazo de aproximadamente 18 meses, podría acceder a permisos de salida de 72 horas.
Posición del presidente Petro
En un consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero, Petro defendió a Epa Colombia y cuestionó la severidad de la condena. «A Epa la castigan por ser una joven popular y pobre, por levantarse y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando», afirmó el mandatario. Además, comparó su caso con el de otros funcionarios que, según él, no han sido investigados por delitos más graves.
Petro también argumentó que Barrera ya restituyó el daño causado, sugiriendo que la pena impuesta podría ser desproporcionada. Sin embargo, los expertos coinciden en que la aplicación de la Ley 2292 a su caso enfrentaría serias barreras legales.
Debate jurídico y social
El caso de Daneidy Barrera ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las penas en Colombia y el trato diferenciado que reciben las personas según su origen social y nivel de exposición mediática. Aunque la Ley 2292 busca beneficiar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, su aplicación en este caso no sería automática ni garantizada.
Por ahora, la decisión final quedará en manos de las autoridades judiciales, mientras la discusión sigue abierta en el ámbito político y social.