🔎 Qué está en disputa
La acción popular fue interpuesta por Nicolás Dupont Bernal con el argumento de que el convenio (el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025) vulnera derechos e intereses colectivos, como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el derecho de los ciudadanos al acceso a servicios públicos eficientes y oportunos.
👉 Según la demanda, el acuerdo no contaba con recursos presupuestales disponibles formalmente y cada entidad debía disponerlos en la vigencia fiscal correspondiente, lo cual habría perjudicado la planificación y ejecución adecuada del servicio de expedición de pasaportes.
📍 Decisión del Tribunal
El magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón confirmó la admisión de la acción popular, señalando que se ajusta a la normativa y que existe peligro inminente de perjuicio irremediable a derechos colectivos. El tribunal subrayó que el proceso de producción de pasaportes es complejo —incluye fabricación de libretas, personalización, sistemas informáticos y atención al público— y que fallas estructurales podrían generar desabastecimiento o congestión en la atención.
🛑 Medidas ordenadas
El Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en un plazo de tres días hábiles, remita al expediente toda la documentación técnica y jurídica completa sobre cómo se estructuró y justificó el contrato, incluidos estudios, diagnósticos, análisis de riesgo y planeación presupuestal.
📌 Contexto del conflicto
🔸 El contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, que se firmó en 2025, generó una polémica considerable porque fue presentado como una forma de reorganizar la expedición de pasaportes en Colombia, pero también fue criticado por posibles irregularidades en el proceso de contratación y por supuestas fallas en la planeación y disponibilidad presupuestal para su ejecución.
🔸 En octubre de 2025 la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda de nulidad absoluta del contrato argumentando que vulnera los principios de selección objetiva, transparencia y libre concurrencia de la contratación estatal, dado que fue suscrito directamente sin una licitación pública y con una entidad extranjera.
🔸 Además, la Contraloría General de la Nación también ha alertado sobre un riesgo inminente para la prestación continua del servicio si persisten problemas con el contrato y su ejecución técnica.
📊 Qué puede pasar ahora
La confirmación de la admisión significa que el proceso seguirá su trámite judicial y que las partes (Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal) deberán responder ante el tribunal. La demanda aún no define si el contrato será anulado, pero sí le da validez formal al reclamo y obliga a las autoridades a entregar información técnica y justificar sus decisiones.
📌 Hasta tanto no se resuelva esta acción popular, el contrato objeto de la demanda podría seguir en ejecución, aunque la presión judicial puede generar ajustes, medidas cautelares o hasta una eventual nulidad si el tribunal encuentra violaciones claras a la ley de contratación pública.