El Gobierno colombiano, tras la suspensión provisional del decreto original que establecía un aumento del salario mínimo del 23,7 % para 2026, trabaja en un nuevo decreto transitorio que deberá cumplir con los criterios legales exigidos por la Corte (como inflación, productividad y crecimiento económico) y así evitar que vuelva a ser suspendido.
👉 Este nuevo decreto estaría listo en los plazos ordenados por el Consejo de Estado (8 días tras la suspensión) y mantendría prácticamente el mismo aumento decretado originalmente, por lo que el salario mínimo total (incluido el auxilio de transporte) seguiría ubicándose en torno a $2 000 000 mensuales en 2026.
💼 ¿Cuál es el “incentivo” para las empresas?
Aunque el salario mínimo en sí no tiene incentivos directos para las empresas (las obliga a pagar ese monto), la discusión sobre el decreto transitorio incluyó acuerdos y medidas complementarias para aliviar la carga empresarial:
🧾 1. Consenso entre Gobierno, empresarios y trabajadores
- En la reunión de la Comisión de Concertación se expresó una posición mayoritaria entre Gobierno, empresarios y sindicatos para mantener el aumento del 23,7 %, lo que da seguridad jurídica a las empresas de que este será el valor final.
- Esta estabilidad evita incertidumbres y ajustes distintos a último momento, lo que puede considerarse un “incentivo indirecto” porque permite a las empresas planear presupuestos de nómina a futuro con claridad.
💡 2. Programas de apoyo específicos a empresas
Aunque el decreto del salario mínimo no incluye un subsidio directo —que sería, por ejemplo, un descuento fiscal o exención— sí se están articulando programas de apoyo que operan en distintas jurisdicciones:
- Subsidios municipales para ayudar a micro y pequeñas empresas a cubrir los costos adicionales por el salario mínimo (por ejemplo en Bogotá se lanzó un programa con subsidios de hasta varios cientos de miles de pesos por trabajador para ese fin).
- Diálogo entre gremios y Gobierno para generar consensos y propuestas que eviten efectos indeseados como despidos o exceso de informalidad.
Estos apoyos no están directamente en el decreto, pero forman parte del entorno normativo y de política pública que acompaña el cambio del salario mínimo, y pueden aliviar la carga salarial para empresas más pequeñas o vulnerables financieramente.
📌 Por qué esto importa para las empresas
⚖️ El principal reto para las empresas es que la obligación de pagar un salario mínimo más alto incrementa el costo laboral total, lo que puede afectar especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas si no existe un respaldo o programas de acompañamiento financiero.
📊 Tener un decreto transitorio claro y consensuado reduce riesgos de cambios intempestivos y permite que:
- Las empresas planifiquen mejor su nómina y gastos laborales.
- Se eviten litigios o sanciones por aplicación incorrecta del salario mínimo.
- Se desarrollen incentivos (como subsidios o programas municipales) para facilitar el cumplimiento sin poner en peligro la sostenibilidad de las unidades productivas.
Así, el incentivo no viene tanto como una exención fiscal en el decreto, sino como seguridad, estabilidad y apoyo complementario que reducen el impacto adverso para el empleo formal.