Advertencia a inquilinos: prácticas comunes que pueden terminar su contrato

La disminución en la venta de viviendas en todo el país ha llevado a que muchos ciudadanos opten por el arriendo como una forma más accesible de independizarse. En este contexto, es esencial comprender los derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios, especialmente en lo que respecta a la terminación anticipada de contratos de arrendamiento.

La Ley 820 de 2003 protege a propietarios e inquilinos, asegurando que los acuerdos se resuelvan de manera justa y equitativa. A continuación, se detallan las causas más comunes por las cuales un arrendador puede finalizar un contrato de arrendamiento:

Falta de pago: La causa más frecuente para la terminación de un contrato es el incumplimiento en el pago del arriendo o de los servicios públicos. La ley estipula que el propietario debe otorgar un plazo para que el inquilino regularice su situación antes de proceder con la terminación.

Incumplimiento de normas: Si los inquilinos violan las normas de convivencia, realizan actividades peligrosas o prohibidas, o utilizan el inmueble para fines distintos a los acordados en el contrato, el arrendador puede terminar el arriendo.

Daños graves: En caso de daños significativos al inmueble que afecten su integridad, el propietario puede solicitar la terminación del contrato y exigir el pago de los daños. Estos daños deben ser graves para proceder con la terminación.

Subarriendo no autorizado: Si el arrendatario subarrienda el inmueble sin el permiso del propietario, este tiene el derecho de finalizar el contrato, ya que el subarriendo no autorizado constituye una violación del contrato original.

Obras necesarias: Si se requieren obras en el inmueble que impidan su habitabilidad, el propietario puede terminar el contrato, siempre y cuando notifique al inquilino con un plazo mínimo de dos meses.

Es crucial que tanto arrendadores como arrendatarios sigan los procedimientos legales establecidos para la terminación de contratos de arrendamiento. La Ley 820 de 2003 y el Código Civil Colombiano establecen los pasos a seguir para garantizar que la terminación del contrato se realice de manera justa y conforme a la ley.

Ambas partes deben estar informadas sobre sus derechos y obligaciones para evitar conflictos legales. Se recomienda que tanto arrendadores como arrendatarios consulten con un abogado especializado en derecho inmobiliario antes de tomar cualquier decisión relacionada con la terminación del contrato. Un asesor legal puede proporcionar orientación y asegurar que se sigan todos los procedimientos correctos.

El conocimiento de la legislación y los procedimientos legales es fundamental para evitar conflictos y garantizar que la terminación de los contratos de arriendo se realice de manera justa y equitativa. Tanto arrendadores como arrendatarios deben estar al tanto de las causales legítimas para la terminación del contrato y de los plazos establecidos por la ley.

En caso de incumplimiento de las normas de convivencia, falta de pago, daños al inmueble, subarriendo no autorizado, obras necesarias, inhabitabilidad del inmueble, falta de prestación de servicios, amenazas o violencia, o venta del inmueble, las partes involucradas deben seguir los procedimientos legales para la terminación del contrato.

La protección de los derechos de arrendadores y arrendatarios, así como el cumplimiento de sus obligaciones, es fundamental para el buen funcionamiento del mercado de arriendos en Colombia.

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