Grupos médicos y científicos advierten que el sistema de salud ya atraviesa crisis estructural: piden al Congreso archivar o revisar con urgencia la reforma planteada para evitar más cierres de servicios, desabastecimiento y afectación del derecho a la salud.
Voces críticas advierten sobre riesgo inminente en salud
Un conjunto de asociaciones científicas y médicas del país envió una petición formal al Congreso: solicitan suspender el debate de la reforma a la salud o introducir modificaciones profundas. A su juicio, la propuesta incumple con criterios técnicos, financieros y de garantía del derecho fundamental a la salud.
Según estas organizaciones, el sistema ya está en crisis: denuncian cierre de servicios, escasez de medicamentos, desabastecimiento de personal calificado y barreras crecientes de acceso, especialmente para los pacientes más vulnerables. Sostienen que estos problemas han empeorado durante los últimos años debido a decisiones administrativas equivocadas, no por falta de intentos de reforma.
Las principales advertencias de las asociaciones
- Alertan que la reforma no tiene respaldo financiero confiable ni previsiones claras para garantizar recursos suficientes.
- Consideran que el modelo propuesto podría desarticular la red de prestación existente —hospitales, clínicas, centros de salud—, dejando a muchas personas sin cobertura real.
- Denuncian que durante el debate fueron ignoradas voces técnicas y científicas; según ellos, las alertas técnicas sobre riesgo de colapso fueron descalificadas o desestimadas.
- Aseguran que aprobar la reforma en su forma actual equivaldría a un retroceso en los derechos de salud, al priorizar supuestas reformas estructurales sobre la atención inmediata a la población.
Qué piden al Congreso
Las asociaciones solicitan dos caminos posibles:
- Archivar el proyecto y convocar a una nueva reforma, construida con participación real de expertos, asociaciones médicas, pacientes y con análisis técnico-económico riguroso.
- Si se insiste en seguir adelante, corregir sustancialmente los artículos que consideran peligrosos, asegurar recursos, proteger la red de servicios y garantizar primacía del derecho a la salud por encima de intereses políticos o financieros.
¿Por qué este debate preocupa a toda la sociedad?
Porque una decisión apresurada podría desencadenar consecuencias graves: más cierres de hospitales, menor acceso a tratamientos, sobrecarga en urgencias, aumento del riesgo sanitario, impacto en poblaciones vulnerables y desconfianza general hacia el sistema.
Además, las advertencias no provienen de críticas políticas, sino de expertos del sector salud: su argumento es técnico, sustentado en la realidad que vive el sistema. Por eso, piden responsabilidad, prudencia y un debate serio que ponga en el centro a los pacientes, no a las urgencias políticas.