La jugada maestra de EPS SURA puso contra las cuerdas al gobierno que antes del 28 de mayo se venía ufanando por la toma de posesión de varias entidades del sector salud en Colombia.
Al estilo de un maestro del ajedrez, la petición de EPS SURA para que le autorizara el desmonte ordenado de la operación de salud para transferirla sin traumatismos, dejó noqueada a la Superintendencia de Salud que se limitó a decir que vendría una respuesta 65 días después. Eso no se produjo porque la petición de SURA se convirtió en una papa demasiado caliente para un gobierno timorato que se asustó con el cuero del tigre.
Lo que se conoció ayer sobre la negativa de la Superintendencia de no autorizar el desmonte gradual dejó al descubierto la incapacidad gubernamental para asumir el manejo de una EPS privada que tiene 5.500.000 afiliados y que reciben el mejor servicio de salud, aún en condiciones que no son las mejores del sistema.
Desde afuera era imposible que el gobierno cogiera ese toro por los cuernos, pues carece de personal idóneo y eficiente para atender a los afiliados en muy diversos lugares del país. Durante años EPS SURA ha construido una organización modelo, que no niega servicios y que tiene un alto estándar de calidad. Contra eso era imposible que el gobierno decidiera su administración.
Entendiendo que el gobierno está agobiado por sus propios escándalos y la inestabilidad en los más diversos frentes de la administración pública, no le quedó otra alternativa que decir que se trabaja en mesas conjuntas para seguir garantizando la atención a los usuarios.
Considerando que se van agotando los cuatro años del mandato presidencial y sin reforma de salud aprobada, lo que deben hacer desde el Estado es cuadrar cuentas y autorizar un mayor flujo de recursos mediante la UPC o unidad de pago por capitación que garantice caja adecuada para que EPS SURA y las otras del sector salud puedan atender a la población afiliada. Si promueven el cambio que sea para bien de la gente y no para empeorar las cosas.
Lo que funciona bien no se debe cambiar por un capricho. Si hay buena administración, el país tiene que avanzar y que los beneficios en salud, educación y otros bienes colectivos estén al alcance de todos, sin discriminación y sobre todo pensando en la igualdad de los seres humanos.
El liderazgo de Juana Francisca Llano, presidenta de suramericana quedó en evidencia desde el 28 de mayo cuando presentó la solicitud ante la inviabilidad por el agotamiento de las reservas técnicas. Lo que viene es que entre todos se busquen alternativas para garantizar el derecho a la salud. Que no primen los criterios políticos sino lo técnico y el sentido humanitario porque al final de cuentas todos estamos aquí de paso.