Una empresa con aparente falta de experiencia y domicilio irregular ganó un jugoso contrato para construir Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en Buenaventura por 33.000 millones de pesos. Hay irregularidades financieras, posibles falsedades contractuales y un proceso bajo investigación.
¿Qué es lo que ocurrió realmente?
Un consorcio llamado AMG-CPI CAPS ganó un contrato millonario para construir Centros de Atención Primaria en Salud en Buenaventura. Lo polémico: la empresa líder del grupo es A.M.G. Construcciones e Ingeniería S.A.S., una compañía que, según documentos oficiales, presenta múltiples señales de alerta sobre su capacidad real para llevar a cabo un proyecto de este peso.
Alarmas sobre la empresa adjudicataria
- Experiencia dudosa: En su propuesta, AMG afirma haber trabajado en infraestructura hospitalaria. Pero hay inconsistencias: el contrato que menciona para respaldar esa experiencia tiene fechas imposibles y firma un supuesto contratista que legalmente ni existía en ese momento.
- Dirección comercial ficticia: En los registros, su domicilio estaba en un lote baldío; luego declaró una nueva dirección que corresponde a una vivienda particular, sin señales de operación empresarial.
- Finanzas sospechosas: En solo dos años, reportó un salto patrimonial de apenas unos millones a casi 19.000 millones de pesos, algo que no concuerda con su historial de contratos ni con su estructura. Una auditoría calificó este crecimiento como “anómalo” y posiblemente manipulado.
- Cuotas de poder: Antes de asumir el control de AMG, su representante legal figuraba en el Sisbén en el grupo más pobre. Poco después, lidera una empresa que aspira a ejecutar uno de los contratos más grandes del programa salud pública.
Denuncias e investigaciones
- Se han activado alertas por presuntos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos, tráfico de influencias, falsedad en documentos y más.
- Organismos como la Fiscalía tienen el caso en estudio, y se están revisando los procesos de adjudicación.
- Se critica la actuación de Findeter, la entidad que avaló la adjudicación, por no haber validado correctamente la experiencia ni la localización real de la empresa.
¿Qué está en juego para la salud pública?
Este proyecto CAPS era una apuesta estratégica para mejorar la red de salud de Buenaventura. Pero si la empresa adjudicada realmente no tiene la capacidad técnica ni financiera para cumplir, no solo se estaría desperdiciando dinero público, sino que también se pondría en riesgo la construcción de centros clave para atender a la población.
Posibles consecuencias
- Si se confirma la falta de capacidad operativa, podría cancelarse el contrato y buscarse una nueva empresa que garantice resultados.
- Podrían abrirse procesos disciplinarios o penales contra los responsables de la adjudicación.
- La confianza en los programas de infraestructura social podría dañarse, afectando futuras inversiones en salud pública.