El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso la solicitud para convocar una consulta popular el próximo 21 de abril. Esta iniciativa tiene como objetivo que la ciudadanía se pronuncie sobre aspectos clave de la reforma laboral, luego de que esta fuera archivada por el Senado en marzo pasado.
Durante la instalación de la mesa de negociación nacional estatal, el ministro indicó que la solicitud será firmada por el presidente Gustavo Petro y por todos los ministros del gabinete, y será radicada oficialmente ante la Secretaría del Senado. Sanguino hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar este proceso, que busca abrir un espacio de participación directa en las decisiones sobre el mundo laboral.
El Gobierno ya se encuentra diseñando el contenido de la consulta, que podría incluir hasta doce preguntas relacionadas con los ejes centrales de la reforma archivada. Aunque aún no se han revelado los textos definitivos, se prevé que los temas aborden aspectos como la estabilidad laboral, la contratación por prestación de servicios, la jornada laboral, la tercerización, el fortalecimiento de los sindicatos y los derechos de las trabajadoras del hogar y del sector rural.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno fue archivada tras no lograr avanzar en el Congreso, debido a falta de consenso entre las distintas bancadas. El proyecto había sido respaldado por organizaciones sindicales y movimientos sociales, pero recibió críticas de gremios empresariales que advirtieron sobre un posible impacto negativo en la generación de empleo formal.
Diversos sectores ya han comenzado a reaccionar ante el anuncio de la consulta. Centrales obreras como la CUT y la CTC han expresado su respaldo a esta vía de participación, mientras que sectores empresariales y de oposición han manifestado reservas frente a una consulta que podría polarizar aún más el debate laboral en el país.
Desde el punto de vista legal, una consulta popular en Colombia debe ser aprobada previamente por el Congreso, contar con revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y alcanzar un umbral de participación para que su resultado sea vinculante. Esto significa que al menos el 25% del censo electoral debe participar y la mayoría debe votar afirmativamente para que la consulta tenga efectos legales.
En cuanto al cronograma, una vez radicada la solicitud, el Congreso tendrá que pronunciarse sobre su viabilidad. De ser aprobada, se iniciará el proceso ante la Corte Constitucional. Si todo avanza sin contratiempos, la consulta podría realizarse en los próximos meses, posiblemente en el segundo semestre de 2025.
Esta apuesta por una consulta popular refleja el interés del Ejecutivo en retomar el debate sobre la reforma laboral a través de un mecanismo de participación directa. El Gobierno espera que este ejercicio democrático fortalezca la legitimidad de las decisiones laborales y acerque a la ciudadanía a los procesos de transformación estructural en el país.