El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) presentó un balance contundente sobre la situación en las cárceles del país: más de 34 mil celulares incautados y más de 1.200 funcionarios investigados por presuntas irregularidades. Las cifras reflejan la magnitud de los retos en materia de seguridad y transparencia dentro del sistema penitenciario colombiano.
Los hallazgos principales
- En los últimos meses, el INPEC reportó la incautación de más de 34.000 celulares en diferentes centros penitenciarios.
- Estos dispositivos eran utilizados para coordinar actividades ilegales, extorsiones y comunicaciones prohibidas.
- Paralelamente, se adelantan investigaciones contra más de 1.200 funcionarios, señalados por posibles actos de corrupción y complicidad con internos.
- El balance incluye también la detección de armas blancas, drogas y otros elementos prohibidos que circulaban dentro de las cárceles.
Reacciones institucionales
- El director del INPEC aseguró que las cifras son una muestra de la crisis estructural que enfrenta el sistema penitenciario.
- Se anunció un plan de refuerzo tecnológico y disciplinario para controlar el ingreso de objetos prohibidos.
- El Ministerio de Justicia respaldó las medidas y pidió mayor rigor en los procesos internos para garantizar transparencia.
Impacto en la seguridad
- El uso de celulares en las cárceles ha sido identificado como uno de los principales motores de la extorsión carcelaria, que afecta a miles de ciudadanos en todo el país.
- Las investigaciones contra funcionarios buscan frenar la corrupción interna, considerada un factor clave en la persistencia de estas prácticas.
- Expertos señalan que el balance refleja la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario, que incluya mejores condiciones laborales para los guardianes y mayor inversión en infraestructura.
El balance del INPEC pone en evidencia la magnitud de los desafíos en las cárceles colombianas: la lucha contra la corrupción, el control de la extorsión y la necesidad de fortalecer la seguridad interna. Las cifras revelan que el problema no es aislado, sino estructural, y que requiere acciones inmediatas para recuperar la confianza ciudadana en el sistema penitenciario.