Después de cuatro días de paro, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una creciente presión por parte de un sector de camioneros que mantiene bloqueadas parcialmente las entradas a Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Aunque el paro, liderado por pequeños propietarios, no ha sido respaldado por los grandes gremios de transportadores, ya ha generado parálisis en la capital, afectando el funcionamiento de colegios y universidades.
En un giro inesperado, el presidente Petro, fiel a su promesa de no recurrir a la fuerza policial, ha adoptado una postura menos confrontacional frente a una protesta que amenaza con convertirse en el mayor desafío social de su mandato. La ministra de Transporte, María Constanza García, ofreció anoche congelar las próximas alzas del precio del diésel, una propuesta que fue rápidamente rechazada por los camioneros, quienes mantienen su posición de continuar con el paro.
Este nuevo pulso entre el gobierno y los transportadores pequeños se distancia de la estrategia confrontacional que Petro ha utilizado contra otros sectores económicos, como las EPS, los bancos y los generadores de energía, con quienes ha empleado la intimidación como táctica. La insistencia en mantener el alza de $2.000 al precio del diésel, a pesar de la oposición camionera, podría complicar los planes fiscales del gobierno, aumentando la presión sobre un presupuesto ya desfinanciado.
El conflicto se originó el 30 de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda decretó un aumento de $2.000 en el precio del diésel, con la proyección de alcanzar un incremento total de $6.000 para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que actualmente asciende a $12,8 billones. Esta decisión se suma a los desafíos financieros que enfrenta el gobierno, el cual ya ha anunciado la necesidad de una nueva reforma tributaria.
La ministra García, en su diálogo con los camioneros, reiteró que, por orden de Petro, no se revertirá el aumento decretado, aunque propuso aplazar futuras alzas hasta que se realicen mesas técnicas para discutir con los transportadores. Sin embargo, la línea roja del gobierno sigue siendo el desmonte del subsidio al diésel, esencial para financiar el presupuesto de 2025, que aún presenta un déficit de $12 billones.
El paro, que en principio parecía dividido, ha demostrado tener un crecimiento orgánico, con pequeños propietarios de camiones como los principales protagonistas. Estos transportadores, desconectados de los grandes gremios, se han coordinado a través de grupos de WhatsApp, bloqueando vías clave en la capital. A pesar de los intentos del gobierno por abrir canales de diálogo, el movimiento sigue sin voceros claros ni pliegos de peticiones definidos, complicando cualquier negociación futura.
Desde el Puesto de Mando Unificado, el general José Luis Ramírez, Jefe Nacional del Servicio de Policía, informó ayer que se registraron 81 actividades de manifestación pública en todo el país, incluyendo 29 bloqueos permanentes y 37 intermitentes en 55 municipios, con la participación de aproximadamente 2.300 personas y 537 vehículos.
La capacidad del gobierno para gestionar esta crisis se pondrá a prueba en los próximos días, en un contexto en el que las tensiones sociales se intensifican y las necesidades fiscales del país no pueden esperar.