La organización criminal dedicada al tráfico de migrantes que fue desarticulada por las autoridades colombianas, se le atribuyen 42 eventos ilícitos de tráfico de migrantes, en los que fueron trasladados de manera clandestina 1.082 ciudadanos extranjeros.
Se trata de ‘Los Andariegos’, una estructura señalada de garantizarles a los migrantes transporte, hospedaje, alimentación y salida del país para seguir su camino a Estados Unidos.
Los elementos de prueba indican que la red disponía de dos rutas: La primera, movilizaba a los extranjeros en buses de turismo y de servicio interdepartamental desde Ipiales (Nariño) hasta Necoclí (Antioquia), para posteriormente pasarlos por el denominado ‘Tapón del Darién’ a Panamá. El otro trayecto, denominado VIP, era ofrecido exclusivamente a ciudadanos de China, que eran recogidos en Tulcán (Ecuador) y llevados por vía terrestre a Medellín (Antioquia), donde les proporcionaban tiquetes aéreos para que volaran a San Andrés Islas y de allí los embarcaban para llegar a países de Centroamérica.
En procedimientos realizados simultáneamente en Bello, Sabaneta y Envigado (Antioquia) fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de ‘Los Andariegos’, entre ellos, el señalado cabecilla, identificado como Cristian Camilo Rivera Pérez. Este hombre tendría a su cargo la coordinación de lo relacionado con el alojamiento y traslado de los extranjeros. También fueron detenidos Jesús Nolberto González Bedoya, Reina Marisol Quiceno Aguirre, Nelson Flórez y Francia Elena Ortiz Gaviria, quienes serían los responsables del brindar hospedaje y alojamiento en Cartago (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia); Paula Andrea Serna Pérez y Jorge Alexander Cañarte Arcila, empleados de una empresa de transporte intermunicipal; y David Jesé Rodríguez Suescún, taxista que movilizaba a los migrantes en Medellín.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas ocho personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Adicionalmente, al cabecilla le fue imputado el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Seis de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Cañarte Arcila y Rodríguez Suescún seguirán vinculados a la investigación.
