La fijación del salario mínimo en Colombia vuelve a ser el centro de atención. Como en años anteriores, el aumento estará determinado por la negociación entre trabajadores y empresarios, un proceso fundamental para lograr consensos que beneficien a ambas partes. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, será el presidente de la República quien defina el incremento salarial.
La discusión de este año comienza con la incertidumbre de si se repetirá la fórmula aplicada en 2023, donde, ante la falta de consenso, el Gobierno intervino y desarrolló un aumento del 12%. La metodología utilizada incluyó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un punto de productividad, lo que llevó el salario mínimo a $1.300.000 sin auxilio de transporte.
Este proceso de concertación, liderado por el Ministerio de Trabajo, es clave para equilibrar las expectativas de los trabajadores con la capacidad de pago de los empresarios, garantizando así la estabilidad del mercado laboral y el crecimiento económico. La ministra Gloria Inés Ramírez ha subrayado la importancia de asegurar que las discusiones sean justas y equitativas, con un enfoque en alcanzar acuerdos que beneficien a todos los actores involucrados.
Con una inflación controlada, que según el DANE cerró en 5,81% en septiembre, y la proyección del Ministerio de Hacienda que prevé un aumento salarial del 8,5% para 2025, los diálogos entre trabajadores y empresarios se vislumbran cruciales para evitar medidas unilaterales. Un acuerdo permitirá que el salario mínimo ascienda de manera sostenible, sin afectar la competitividad del país ni el poder adquisitivo de los trabajadores.
El consenso en estas negociaciones no solo es vital para la economía interna, sino que también proyecta una imagen de estabilidad ante la comunidad internacional. El Gobierno, en su afán de mejorar las condiciones laborales sin descuidar el control de la inflación, busca replicar el éxito de 2023, donde su intervención fue decisiva para garantizar el bienestar de lo