Trump invoca ley de enemigos extranjeros para inmigrantes, desatando polémica social y legal en EE.UU.

En un discurso polémico durante una mitin en Aurora, Colorado, el expresidente Donald Trump propuso una medida sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos: aplicar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar masivamente a inmigrantes. Esta legislación, que ha sido utilizada únicamente en tiempos de guerra, fue invocada por Trump como herramienta para combatir lo que él denomina «redes criminales de migrantes», generando preocupación por su impacto social en millones de norte americanos.

Trump sostuvo que su propuesta es una respuesta a la creciente criminalidad, señalando a la banda venezolana Tren de Aragua como un ejemplo de la “invasión” de delincuentes extranjeros en Estados Unidos. “Tenemos que vivir con estos animales, pero no por mucho tiempo”, declaró Trump. Afirmó que, si es reelegido, invocará la ley para “desmantelar cada red criminal migrante operando en suelo estadounidense”. Bajo su plan, que ha bautizado como Operación Aurora, prometió restablecer la seguridad en Colorado y otras áreas del país afectadas, según él, por cada red criminal migrante operando en suelo estadounidense”. El republicano también sostuvo que Colorado volverá a ser un Estado seguro.

La ley de enemigos extranjeros, promulgada en 1798, permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones hostiles en tiempos de guerra. Sin embargo, su uso en este contexto ha generado controversia, ya que no existe una “guerra declarada” ni una “invasión” según los términos legales establecidos. La medida ha sido ampliamente criticada por líderes locales, incluido el alcalde de Aurora, Mike Coffman, quien afirmó que su ciudad «no está invadida por bandas venezolanas», refutando las afirmaciones.

El impacto social de la propuesta de Trump es profundo, ya que afectará a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, muchos de los cuales pagan impuestos y contribuyen al desarrollo económico del país. Según cifras de la Oficina Federal de Prisiones, el 90% de los reclusos en el país son nativos, no inmigrantes, lo que cuestiona la narrativa de Trump sobre la criminalidad.

A pesar de las barreras jurídicas que enfrenta esta propuesta, algunos expertos legales, como el ex fiscal del condado de Nueva York Jordan Rubin, advierten que la retórica de Trump podría encontrar apoyo en un Tribunal Supremo más favorable al poder presidencial. «Si Trump gana en noviembre, podríamos ver hasta qué punto el alto tribunal permitirá avanzar en este tipo de políticas», señaló Rubin

El antecedente de Trump en materia de acciones, en contra inmigrantes, como la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países entre ellos musulmanes durante su presidencia, ha dejado un legado de tensión en torno a los derechos civiles y las políticas migratorias de Estados Unidos. Su nueva propuesta, basada en una ley de más de dos siglos de antigüedad, abre un debate sobre los límites del poder presidencial y el impacto que estas decisiones tendrían en la vida de millones de migrantes.

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