La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, Jorge Mario Escarria Rodríguez, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato durante la pandemia de covid-19.
La investigación está centrada en un acuerdo firmado en abril de 2020, por un valor cercano a los $57 millones, destinado a la compraventa de víveres para la atención de familias afectadas por las medidas de prevención del nuevo coronavirus.
Según el organismo de control, Escarria Rodríguez expidió un decreto el 26 de marzo de 2020, con el que posteriormente justificó un acto administrativo del 23 de abril del mismo año. Dicho contrato fue suscrito para la distribución de canastas familiares en el municipio, pero al parecer no se definieron de manera clara las condiciones de entrega de los productos, lo que, según la Procuraduría, contraviene los principios fundamentales de planeación, economía y responsabilidad que deben regir la contratación pública.
A pesar de que se mencionó un número de 1.144 familias beneficiarias, la Procuraduría asegura que este dato se estableció de forma improvisada, sin contar con estudios de focalización adecuados, lo que violaría el ordenamiento legal y los procedimientos para garantizar una distribución justa y eficiente de los recursos.
La Procuraduría calificó provisionalmente esta posible falta como gravísima, señalando que Escarria Rodríguez podría haber incurrido en culpa gravísima por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de la normativa.
Como consecuencia de esta falta, el exalcalde podría enfrentar una sanción disciplinaria severa, que podría incluir la destitución de su cargo, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, de acuerdo con las disposiciones legales sobre contratación estatal y responsabilidad fiscal.
La Procuraduría también advirtió que el exmandatario podría ser objeto de investigaciones adicionales si se establecen otras irregularidades en su gestión durante el periodo de emergencia sanitaria.