Cristina Plazas rechazó las recientes declaraciones del jefe de la cartera de Salud y advirtió sobre posibles riesgos para la autonomía familiar.
Durante una entrevista en el programa W Sin Carreta, de la emisora W Radio, la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, criticó con firmeza una reciente declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que desconoce el marco legal que rige la patria potestad en Colombia.
“Es gravísimo lo que dijo. La patria potestad en Colombia es solo de los padres, según el Código Civil. La afirmación del ministro no solo es falsa, sino peligrosamente autoritaria”, señaló Plazas durante su intervención.
La exfuncionaria explicó que, según la legislación vigente, los padres tienen la responsabilidad legal y principal sobre sus hijos, incluyendo aspectos fundamentales como la crianza, la educación y la salud. Modificar este principio, aseguró, implicaría un cambio profundo en el orden jurídico colombiano y en la estructura familiar reconocida por el Estado.
Plazas fue más allá y cuestionó el trasfondo de las palabras del ministro, sugiriendo que podrían tener implicaciones preocupantes en materia de libertades individuales.
“Esto es una ignorancia jurídica o una sinceridad autoritaria”, indicó, en referencia a lo que interpretó como una intención de otorgar al Estado un rol preponderante sobre los menores.
Además, instó a la actual directora del ICBF, Astrid Cáceres, a pronunciarse con claridad frente a las declaraciones del ministro. Advirtió sobre el riesgo de que una eventual reforma constitucional busque restar autoridad a los padres en favor del Estado.
“Sería grave que este Gobierno hiciera una reforma de la Constitución donde busquen que todos los niños sean del Estado y que las familias pierdan totalmente su autoridad sobre ellos. Esto podría verse como un tema de adoctrinamiento”, afirmó.
Crece el debate sobre el rol del Estado en la infancia
Las declaraciones de Plazas se suman a un debate creciente sobre los límites del poder estatal frente a la autonomía de las familias. Varios analistas han recordado que, si bien el Estado tiene un rol garante de los derechos de la niñez, este no reemplaza ni anula la patria potestad que ejercen los padres, tal como lo establecen la legislación colombiana y tratados internacionales suscritos por el país.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni el ICBF han emitido una respuesta oficial sobre el tema. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las familias han comenzado a manifestar su preocupación por el impacto que podrían tener este tipo de posturas en la institucionalidad familiar.
El debate continúa abierto en sectores políticos, académicos y sociales, donde se advierte la necesidad de proteger los derechos de los menores sin menoscabar la autoridad legítima de sus padres.