La Fiscalía acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presuntos delitos en contratos de la UNGRD: concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y cohecho. Se espera audiencia de imputación y posible medida de aseguramiento.
Nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD
La Fiscalía General ha formalizado cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes deben responder por su participación en un supuesto entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los cargos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Según la acusación, los exfuncionarios habrían direccionado contratos a empresas afines y favorecido a congresistas como parte de un esquema para asegurar respaldo legislativo al gobierno.
Qué se les atribuye concretamente
- Que elaboraron y promovieron decisiones administrativas que permitieron adjudicar contratos de la UNGRD de forma irregular.
- Que habrían ofrecido beneficios contractuales a favor de terceros, a cambio de apoyo político en el Congreso.
- Que, mediante esos contratos, desviaron recursos públicos asignados para gestión del riesgo, comprometiendo la transparencia y legalidad de la contratación estatal.
Qué sigue: audiencia de imputación y posible prisión preventiva
El Tribunal Superior de Bogotá llamó a audiencia de imputación para ambos exministros. En ese acto la Fiscalía planteará la solicitud de medida de aseguramiento, argumentando que existe riesgo de que los implicados obstruyan la justicia o alteren pruebas. El proceso marcará un nuevo giro en la investigación del escándalo.
Reacción de los exministros: niegan y se declaran inocentes
Tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos y se declararon inocentes. Su defensa sostiene que las decisiones cuestionadas fueron legales y que no existió dinero ilícito, ni favorecimiento personal. Alegan que la investigación se basa en versiones de terceros implicados, haciendo énfasis en que aún no hay pruebas materiales concluyentes.