Lo que el Gobierno nacional presentó como el “piloto de la reforma a la salud” comienza a revelar un costo político y social de gran magnitud. $1,2 billones de pesos pertenecientes a las pensiones y cesantías de los docentes del sector público habrían sido utilizados para evitar el colapso financiero del sistema de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
La información fue confirmada por la Fiduprevisora tras un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien advirtió que el Ejecutivo estaría recurriendo a los ahorros de los maestros para financiar un modelo de salud que no cuenta con respaldo presupuestal suficiente.
Según los datos revelados, más de $886.000 millones fueron trasladados desde el rubro de pensiones y otros $286.000 millones desde las cesantías, una maniobra que, para sectores de oposición, constituye un uso riesgoso de recursos que deberían ser intocables.
Forero fue enfático al señalar que esta situación refleja el fracaso fiscal del proyecto insignia del presidente Gustavo Petro:
“El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo convirtió al magisterio en el laboratorio de una reforma mal planeada. No solo se deterioró la atención en salud, sino que ahora se están poniendo en juego las pensiones y cesantías de los docentes para sostener el discurso del ‘cambio’”.
El trasfondo político agrava la controversia. Mientras el Gobierno insiste en sacar adelante su reforma a la salud en el Congreso, el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema del magisterio, obligando a cubrir el déficit con fondos prestacionales.
La Fiduprevisora reconoció además que no existe una cifra clara del hueco financiero, lo que evidencia, según críticos del Gobierno, improvisación, falta de planeación y ausencia de responsabilidad fiscal.
Este episodio se suma a una creciente lista de cuestionamientos contra la administración Petro, que enfrenta dificultades para concretar sus reformas estructurales y ahora es señalada de financiar su agenda política con los ahorros de los trabajadores del Estado.
El debate ya trasciende lo técnico y se instala en el terreno político: ¿está el Gobierno del “cambio” sacrificando la seguridad pensional del magisterio para sostener una reforma que no logra despegar? Una pregunta que hoy inquieta a miles de docentes y pone presión adicional sobre un Ejecutivo cada vez más cuestionado.