La presidenta Xiomara Castro sancionó un decreto que obliga a un nuevo conteo de votos tras las recientes y polémicas elecciones en Honduras. Mientras el oficialismo asegura que busca transparencia, los partidos de oposición y diversos sectores sociales advierten que la medida vulnera la autonomía del organismo electoral y profundiza la crisis política en el país centroamericano.
Honduras ha despertado en medio de una tormenta política que parece no tener un final cercano. En una decisión que ha sacudido los cimientos de las instituciones del país, la presidenta Xiomara Castro sancionó el decreto ley que ordena un nuevo conteo de votos de los pasados comicios generales. La medida, lejos de calmar los ánimos, ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y de los sectores que ven en este paso un intento por alterar la voluntad popular.
Desde la Casa Presidencial, el discurso es de «limpieza y transparencia». Según el Ejecutivo, existen indicios suficientes de irregularidades que ameritan abrir las urnas nuevamente para «devolverle la paz al pueblo hondureño». Sin embargo, en las calles y en los pasillos del Congreso, la interpretación es radicalmente distinta.
Una decisión que divide al país
La sanción de este decreto no ha pasado desapercibida para la oposición, liderada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes han calificado la acción como un «atropello a la institucionalidad». Los críticos argumentan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único ente facultado por la Constitución para decidir sobre los resultados, y que la intervención directa de la Presidencia rompe el equilibrio de poderes.
«Estamos ante un precedente peligroso», señalan analistas políticos locales. Para muchos, este movimiento recuerda las crisis electorales de años anteriores que sumieron a Honduras en periodos de violencia y aislamiento diplomático. El temor principal es que el nuevo conteo sea utilizado para favorecer a figuras del partido de gobierno (Libre) en alcaldías y curules legislativas que actualmente están en disputa.
Reacciones: entre el respaldo y el rechazo
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras las bases del oficialismo celebran en redes sociales lo que consideran una «victoria contra el fraude», diversos gremios empresariales y organizaciones de derechos humanos han pedido cautela.
- La OEA y la Unión Europea: Han manifestado que observan con «preocupación» el desarrollo de los acontecimientos y han instado a que cualquier proceso de revisión se haga bajo estándares internacionales estrictos para evitar mayores focos de conflicto.
- La Iglesia y la Sociedad Civil: Han hecho un llamado al diálogo nacional, advirtiendo que la polarización actual podría derivar en enfrentamientos civiles si no se garantiza un proceso imparcial.
¿Qué viene ahora para Honduras?
Con el decreto ya sancionado, el siguiente paso es la logística de este nuevo escrutinio. La incertidumbre radica en quiénes custodiarán las urnas y bajo qué metodología se realizará el conteo. El país se encuentra en un estado de pausa forzada; la economía y la inversión extranjera suelen ser las primeras víctimas de estos periodos de inestabilidad política.
Lo que está en juego en Honduras no es solo un puñado de votos, sino la credibilidad de su sistema democrático. En los próximos días, el mundo pondrá sus ojos sobre Tegucigalpa para ver si este recuento trae la claridad prometida o si, por el contrario, termina por quebrar la frágil paz social que sostiene a la nación.