Jamundí, Valle del Cauca — Después de 18 angustiosos días de cautiverio, el niño Lyan Hortúa, de apenas 10 años, fue entregado a una comisión humanitaria en zona rural de Jamundí. La estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, lo mantuvo secuestrado en condiciones degradantes, según confirmó la Defensoría del Pueblo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que el menor estuvo encadenado con esposas durante varios días y vigilado por perros. “La mamá me comentó que estaba muy preocupada porque lo habían tenido encadenado, con perros, en condiciones muy difíciles…”, relató Marín en entrevista con La W.
Aunque el niño fue entregado en condiciones físicas estables, presentaba bajo peso y signos de afectación emocional, consecuencias inevitables del prolongado secuestro.
Sin embargo, un nuevo y delicado elemento se conoció tras la liberación: la familia de Lyan confirmó que pagaron por su liberación. Aunque no se ha revelado el monto ni los detalles de la transacción, este hecho añade una dimensión aún más preocupante al caso, al evidenciar que la extorsión continúa siendo una práctica utilizada por grupos armados ilegales, incluso en casos que involucran menores de edad.
La entrega del niño se logró gracias a gestiones humanitarias de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y Naciones Unidas, junto con la presión social ejercida por la ciudadanía mediante velatones y manifestaciones que mantuvieron viva la exigencia de su regreso.
Desde Jamundí, la defensora Marín hizo un llamado contundente a los grupos armados ilegales para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen el uso de la violencia contra la población civil, en especial contra los niños. “Nos hemos acostumbrado y hemos normalizado estas noticias, pero esto es una muestra de que podemos unirnos y que los grupos armados deben entender que no todo es válido”, advirtió.
El caso de Lyan reabre el debate sobre la situación de seguridad en zonas rurales del suroccidente colombiano y el accionar de estructuras armadas que persisten en prácticas como el secuestro, incluso tras los acuerdos de paz.