
Bogotá, mayo de 2025. El Decreto 0572, expedido por el Ministerio de Hacienda, modificó las tarifas de retención en la fuente con el objetivo de anticipar el recaudo del impuesto de renta correspondiente al año 2026. La medida, que comenzará a regir el 1 de junio, ha generado una fuerte polémica entre empresarios y analistas, que advierten sobre su posible impacto en la estabilidad económica del país.
El ajuste busca atender la difícil situación de caja que enfrenta el Gobierno nacional, al acelerar el ingreso de recursos fiscales en medio de crecientes necesidades de financiamiento público. Según el decreto, las nuevas tarifas de retención y autorretención se calcularán sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados a los contribuyentes, de acuerdo con su actividad económica.
Sin embargo, sectores clave de la economía, como el agrícola, el energético y el de la construcción, reportan aumentos significativos en las tarifas, lo que podría comprometer su viabilidad financiera.
El campo y la industria energética, entre los más golpeados
El cultivo de arroz y la cría de ganado bovino y bufalino, por ejemplo, pasarán de una tarifa de autorretención del 0,55% al 1,20%. En el sector energético, la generación y comercialización de energía eléctrica enfrentará un aumento del 2,20% al 4,50%. Actividades relacionadas con la construcción, como la edificación de viviendas o la demolición, también verán incrementos del 1,10% al 3,50%.
Algunos sectores conservarán sus tarifas actuales, como la recolección de desechos peligrosos (2,20%) o la fabricación de artículos de piel (0,55%), pero la mayoría deberá adaptarse a un nuevo esquema que, según advierten analistas, podría alterar seriamente su flujo de caja.
Críticas desde el sector empresarial: “una reforma tributaria disfrazada”

La disposición fue calificada como una “reforma tributaria encubierta” por el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien alertó que la medida anticipa ingresos del próximo año sin considerar las consecuencias para la sostenibilidad fiscal de 2026. “Es una bomba fiscal que estalla el próximo año: 2025 en el derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante. ¡Irresponsabilidad fiscal!”, expresó.
Para Restrepo, el decreto obligará a muchas empresas a endeudarse para cumplir con obligaciones tributarias que antes no enfrentaban, afectando especialmente a micro y pequeñas compañías, que ya operan con márgenes estrechos.
“Cobrar impuestos por ingresos que aún no existen”

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta, María Claudia Lacouture, también manifestó preocupación. “Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes… aunque hoy no haya vendido ni uno”, afirmó.
Lacouture advirtió que sectores como gas, energía eléctrica y minería ahora deberán pagar hasta un 4,5% en autorretención, mientras que sectores como transporte, agricultura y servicios pasarán de tarifas del 0,5% al 1,2%.
A su juicio, el decreto busca cubrir el déficit fiscal inmediato, pero deja desprotegidas las finanzas del mediano plazo. “Una reforma por decreto que da pan para hoy y hambre para mañana”, sentenció.
Impacto económico y advertencia de un efecto dominó
Ambos expertos coincidieron en que el ajuste puede traducirse en menores niveles de inversión y empleo. “Sin caja no hay empresa, sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay ingresos, y sin ingresos no hay país”, concluyó Lacouture. La medida, que ya fue publicada en el Diario Oficial, forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno en su intento de responder a las presiones fiscales sin recurrir a una reforma tributaria formal. Pero su impacto, advierten observadores, podría ser más profundo y duradero de lo que anticipan sus autores.

