En una nueva muestra de la profunda crisis de seguridad que vive la región del Pacífico colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado de 72 horas en la cuenca del río Baudó y sus afluentes, en el departamento del Chocó, a partir del mediodía del 2 de mayo hasta la medianoche del 5 del mismo mes. La medida, que se anuncia tras cruentos enfrentamientos con el Clan del Golfo, vuelve a poner en jaque a la población civil, atrapada entre las balas de grupos armados ilegales que se disputan a sangre y fuego el control territorial y las rutas del narcotráfico.
El grupo insurgente aseguró que la decisión busca «evitar afectaciones a la población civil» en medio de los recientes combates. Sin embargo, la historia reciente del Chocó demuestra que estos paros armados suelen traer consigo confinamientos masivos, desabastecimiento y un recrudecimiento de la violencia. La comunidad, históricamente golpeada por la pobreza y la exclusión estatal, queda nuevamente a merced de actores armados que libran su guerra en territorios ancestrales habitados mayoritariamente por pueblos indígenas y afrodescendientes.
El anuncio del ELN se da en un contexto particularmente tenso: el denominado «plan pistola» del Clan del Golfo contra la fuerza pública y las disputas abiertas con las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, han convertido al Pacífico en un polvorín donde cualquier chispa puede derivar en tragedia.
El detonante inmediato de esta nueva crisis fue la emboscada perpetrada por el ELN el pasado 29 de abril contra una lancha que transportaba a siete integrantes del Clan del Golfo, bajo el mando de alias ‘Richard’ o ‘Pinky’. La acción, ejecutada a menos de un kilómetro del casco urbano de Pie de Pato, en Alto Baudó, dejó tres muertos, tres heridos y un sobreviviente que logró refugiarse en la estación de policía local.
En su comunicado, el ELN denunció la consolidación de lo que describe como una estructura paramilitar en la región, liderada por alias ‘Piernas Limpias’, integrada por unos 400 hombres. El grupo acusa a esta facción de operar con la complicidad de autoridades locales y fuerzas militares, y de haber establecido un corredor estratégico para el narcotráfico entre el medio y el alto Baudó.
El informe insurgente detalla la presencia armada en puntos neurálgicos como los ríos Dubasa, Catru y Nauca, así como en comunidades como Platanares, Santa María de Condoto y Cristiana, donde aseguran que se han cometido reiterados abusos contra la población civil, incluyendo amenazas, saqueos, consumo de drogas y violencia sexual.
Este nuevo capítulo de violencia confirma que, pese a los intentos de paz y las mesas de diálogo intermitentes, el conflicto armado en Colombia sigue vigente, especialmente en regiones históricamente olvidadas por el Estado. El pueblo chocoano, resiliente pero exhausto, vuelve a ser testigo y víctima de un enfrentamiento que no da tregua.