Los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella, quienes se identifican como “Defensores de la Patria”, interpusieron una demanda contra el Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para implementar un nuevo modelo de salud sin aprobación del Congreso.
La acción judicial, conocida en primicia por medios nacionales, cuestiona la legalidad del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el cual establece el modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública obligatoria en todo el país.
Este modelo reorganiza el sistema en torno a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), a través de las cuales se busca garantizar atención continua desde el primer nivel hasta los servicios especializados, con los Centros de Atención Primaria (CAPS) como puerta de entrada al sistema.
Si bien el Gobierno ha defendido la medida como un paso hacia un sistema más equitativo y centrado en la prevención, distintos sectores del gremio médico, EPS, asociaciones hospitalarias y expertos en salud pública han expresado serias preocupaciones.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) advirtió que se trata de una transformación estructural sin una hoja de ruta clara, mientras que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas alertó sobre la falta de garantías financieras para reorganizar los servicios, especialmente en regiones apartadas.
Además, el decreto modifica el rol de actores clave del sistema: la ADRES asume de forma exclusiva la gestión financiera, desplazando a las EPS, que conservarán funciones técnicas, pero sin manejo de recursos. También se amplían responsabilidades de las ARL en promoción y prevención.
Exministros y constitucionalistas advierten que, al no tener sustento legislativo, el decreto puede enfrentar una alta vulnerabilidad jurídica, a pesar de que su aplicación es inmediata.
Este hecho reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de reformas estructurales y plantea un nuevo escenario de discusión jurídica e institucional en el país.