El pulso por la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro está al rojo vivo en el Senado. Si todos los senadores asisten y las bancadas votan en libertad, el panorama apunta a un empate entre el oficialismo y la oposición.
Desde este 1 de mayo comenzó a correr el plazo legal para que la plenaria decida si convoca o no a las urnas. La ley es clara: el Congreso solo puede aprobar o rechazar la convocatoria; no puede modificar las preguntas planteadas por el Gobierno. La decisión debe tomarse en un máximo de 30 días, incluyendo una posible prórroga de 10 días.
Si la respuesta es negativa, la consulta quedará archivada. Pero si el Senado no se pronuncia dentro del plazo, el presidente podrá convocarla por decreto.
Para su aprobación basta con mayoría simple: la mitad más uno de los senadores presentes. Hoy hay 105 senadores habilitados para votar. Si asisten 53, el mínimo para iniciar la votación, bastarían 27 votos afirmativos.
Según los cálculos preliminares, el Gobierno tendría:
- 19 votos del Pacto Histórico,
- 5 de Comunes,
- 1 del MAIS,
- 3 de En Marcha,
- 7 del Partido Verde,
- 9 liberales,
- y 7 de la U.
Esto suma 51 votos seguros si la plenaria está completa.
Podrían sumarse tres conservadores, siempre que las directivas de su partido, encabezadas por Efraín Cepeda y Nadia Blel, no les impongan el voto negativo.
En la otra orilla, la oposición contaría con al menos 50 votos, encabezados por:
- Centro Democrático (12),
- Cambio Radical (11),
- Conservadores (12),
- Liberales opositores (3),
- Partido de la U (2),
- Partido Verde (3 críticos),
- Mira (3, con dudas),
- e independientes como Sor Berenice Bedoya y Lorena Ríos.
También figuran dos exgobierno: Paulino Riascos y Richard Fuelantala.
Un momento clave en la historia política
Esta votación marca un momento de alta tensión institucional. Sería la primera vez en décadas recientes que un Gobierno colombiano intenta sortear los bloqueos legislativos llevando reformas estructurales directamente a consulta popular. El precedente podría redefinir la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía, abriendo la puerta a un nuevo mecanismo de presión política.
Escenarios abiertos
Si la asistencia opositora es baja, el Gobierno podría lograr la aprobación sin mayor dificultad. En cambio, si la oposición logra movilizar a todos sus senadores y consolida alianzas, el proyecto podría fracasar en el Senado. Si eso ocurre, al Ejecutivo solo le quedaría el recurso de esperar la inacción legislativa para avanzar por decreto, un camino legal pero políticamente desgastante.
El Gobierno calcula que, de aprobarse la consulta, podría superar el umbral de 15 millones de votos, con entre 8 y 10 millones de sufragios por cada pregunta.
Comentario de experto
Según el politólogo Camilo Flórez, “la consulta es, en esencia, una apuesta arriesgada. Si el Gobierno logra movilizar a la ciudadanía y ganar legitimidad en las urnas, cambiaría las reglas del juego político. Pero si fracasa en el Senado o en la participación, podría salir debilitado. Es un todo o nada con implicaciones históricas”..
La mirada experta
Para la politóloga Marcela Torres, “esta consulta no solo pondrá a prueba la fuerza política del Gobierno, sino también la estabilidad de las reglas democráticas. Si bien el recurso está contemplado en la ley, recurrir a la consulta popular como salida a bloqueos legislativos genera tensiones institucionales y podría marcar un antes y un después en la forma de gobernar en Colombia”.
En paralelo, la “mini” reforma laboral presentada por un sector liberal sigue sobre la mesa, pero no sustituye la consulta; más bien, busca abrir un espacio de concertación, según los liberales cercanos al Gobierno