VALLE DEL CAUCA — Un nuevo pulso político sacude al departamento del Valle tras el enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro, en medio del fracaso de la consulta popular que buscaba impulsar reformas laborales con respaldo ciudadano. El cruce de declaraciones ha encendido las alarmas sobre posibles represalias del Ejecutivo que, según denuncias, podrían traducirse en la suspensión de obras claves para el desarrollo regional.
El presidente señaló directamente a Toro como responsable del hundimiento de la iniciativa en el Senado, al acusarla de influir dentro del Partido de la U para bloquear la consulta. “El mundo laboral no tiene gobernadora aliada a sus intereses”, afirmó desde sus redes sociales, en declaraciones que generaron una fuerte reacción desde la dirigencia regional.
La gobernadora no tardó en responder, defendiendo su trayectoria en defensa de los derechos laborales y denunciando una posible amenaza del Gobierno Nacional contra su gestión. “¿Está usted avalando la orden de frenar todo a la gobernadora del Valle del Cauca?”, preguntó Toro, luego de conocerse chats en los que el ministro Armando Benedetti habría sugerido paralizar proyectos del departamento.
En medio de la controversia, crece la preocupación por las repercusiones que esta confrontación pueda tener sobre la seguridad ciudadana y la continuidad de obras de infraestructura en el Valle. Líderes políticos y sectores empresariales advierten que una ruptura entre el Ejecutivo y la administración departamental podría retrasar inversiones en regiones clave, en momentos en que el departamento enfrenta desafíos urgentes en materia de orden público.
Desde Roma, donde se encuentra en visita oficial, el presidente reiteró su postura. Aseguró que los intereses representados por Toro no corresponden a los del “mundo laboral” y justificó sus declaraciones, insistiendo en que la votación en el Senado reflejó esa diferencia.
El episodio abre un nuevo capítulo de tensión institucional entre el Gobierno Nacional y una autoridad regional de peso, con posibles impactos en la gobernabilidad, la ejecución de recursos y la estabilidad política del Valle del Cauca. Mientras tanto, comunidades esperan claridad sobre el futuro de proyectos estratégicos y medidas de seguridad que no deberían quedar atrapadas en disputas partidistas.