Es vergonzoso que a un país le embarguen sus cuentas bancarias para que pague sus deudas. ¡Nunca se había visto algo así!
Por primera vez en la historia, un juez de Bogotá ha ordenado el embargo de las cuentas nacionales debido a una demanda de EPM, luego de que el Gobierno incumpliera el pago de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en favor de Afinia, la operadora de energía en parte de la Costa Atlántica.
Afinia, filial de EPM, presta servicio en Bolívar, César, Sucre, Córdoba y el sur del Magdalena. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro, en una decisión que muchos califican de absurda y abusiva, se negó a pagar estos subsidios, que ascienden a $2.3 billones.
Esta falta de pago puso a Afinia al borde de la quiebra, lo que amenazaba con afectar gravemente las finanzas de EPM y provocar un colapso energético en los cinco departamentos mencionados.
Un precedente histórico
Esta es la primera vez que una entidad pública demanda al Gobierno nacional por incumplimiento de contratos y abuso de posición dominante. Además, el juez no solo ordenó el pago, sino que impuso como medida cautelar el embargo de las cuentas nacionales.
Con este fallo, se sienta un precedente jurídico que permitirá a cualquier entidad demandar y embargar recursos de la Nación cuando el Gobierno incumpla sus obligaciones contractuales.
El Metro de Bogotá, el siguiente en la lista
Este caso podría ser el primero de muchos. Un claro ejemplo es el Metro de Bogotá. Por un capricho ideológico, Petro ha obstaculizado el proyecto de la primera línea, negándose a girar los recursos ya comprometidos.
El proyecto, que cuesta $23.6 billones, debía recibir $16.06 billones del Gobierno central, según lo estipulado en un contrato aprobado por el Compes. Sin embargo, Petro ha bloqueado estos fondos, lo que probablemente llevará a una nueva demanda.
Lo mismo ocurre con el Regiotram de la Sabana, al que se le negaron $1.32 billones de financiación, y con el Metro de la 80 en Medellín, otro proyecto afectado por la negativa del Gobierno a aportar los $2.4 billones comprometidos.
El efecto dominó de las demandas
Esta situación podría repetirse en otros proyectos clave. El Gobernador de Antioquia, por ejemplo, podría demandar a la Nación por el incumplimiento en la financiación de las autopistas 4G, cuyos recursos estaban previamente acordados.
Con un presupuesto nacional reducido en un 20% y una creciente ola de demandas en su contra, el Gobierno de Petro enfrenta un escenario crítico. Su capacidad de maniobra se reduce, y sus aspiraciones políticas podrían verse seriamente afectadas.
Conclusión
La justicia ha dado un golpe contundente al abuso de poder y la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Lo que viene ahora es un efecto en cadena: proyectos que han sido injustamente desfinanciados podrían recurrir a la misma vía legal para exigir lo que les corresponde.
Petro tendrá que pagar. No porque quiera, sino porque la ley lo obliga.