Una propuesta del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en el país. El mandatario ha planteado la posibilidad de tomar prestado dinero de las cuentas bancarias de los colombianos, asegurando que estos recursos serían devueltos «con una tasa de interés modesta». Sin embargo, la iniciativa ha despertado preocupaciones tanto entre ciudadanos como entre expertos en economía.
El presidente explicó que esta medida sería parte de las llamadas «inversiones forzosas», un componente esencial de las leyes de reactivación económica que el Gobierno presentará al Congreso. Estas leyes, que incluirían una reforma tributaria, buscan enfrentar la crisis económica, pero la propuesta de utilizar los ahorros de los ciudadanos ha generado escepticismo.
Durante el Congreso de Reactivación Económica en Manizales, Petro detalló su plan: «Queremos ir al Congreso con dos bloques de proyectos, incluyendo el de inversión forzosa. La idea es destinar un porcentaje del ahorro público en los bancos a créditos con bajos costos financieros para sectores productivos, como la agricultura».
Petro defendió su propuesta argumentando que sería beneficiosa para la banca, que actualmente enfrenta el deterioro de su cartera debido a la alta tasa de interés. El presidente sugirió que el ahorro inactivo en los bancos podría canalizarse hacia instituciones como Bancóldex, el Banco Agrario, Finagro o el Fondo Nacional del Ahorro, mitigando así el impacto de una posible crisis financiera global.
No obstante, la propuesta ha encontrado resistencia en el sector bancario. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó las inversiones forzosas como una medida «anacrónica» y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir al intentar financiar el plan de reactivación del Gobierno de esta manera. María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, también se mostró crítica, afirmando que «no es el momento adecuado para una ley de financiamiento ni para una iniciativa de inversiones forzosas».
Las opiniones están divididas, y mientras algunos ven en la propuesta una forma innovadora de enfrentar la crisis, otros la consideran un riesgo innecesario. El debate está abierto, y el Congreso tendrá la última palabra.