Contraloría no pudo auditar más del 97% de obras del DPS por falta de información
Graves irregularidades rodean la gestión de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura social. La Contraloría General de la República reveló que, tras una auditoría de cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), solo pudo revisar el 2,31% de una muestra de 889 convenios interadministrativos firmados entre 2011 y 2024, los cuales representan más de $2,5 billones del erario.
Según el informe, únicamente se tuvo acceso a documentación completa en 25 de los convenios evaluados, que en conjunto suman apenas $58.000 millones. El resto de los documentos no fueron entregados por el DPS, bajo el argumento de que “no reposaban en sus archivos”.
Ante esta grave limitación, el ente de control se abstuvo de emitir conclusiones sobre la ejecución de los recursos y dejó constancia de la restricción en su informe final, catalogándolo con la advertencia de “limitación en el alcance”, una señal de alerta institucional frente al incumplimiento en la rendición de cuentas.
Hallazgos por más de $12.000 millones en presunto detrimento
Pese a las dificultades en el acceso a la información, la auditoría sí permitió identificar 11 hallazgos con presunto daño al patrimonio público, por un valor de $12.682 millones. Uno de los casos más alarmantes es el del mercado público de Fundación, Magdalena, que, aunque fue terminado en 2021, permanece sin uso, generando un presunto detrimento de $5.116 millones.
En Coyaima, Tolima, se identificó que la obra de la plaza de mercado fue ejecutada solo en un 51%, pero los pagos se realizaron en su totalidad, lo que representaría un posible daño de $2.754 millones.
También se alertó sobre un proyecto de mejoramiento de vivienda en San Andrés de Sotavento, Córdoba, donde las obras ejecutadas no cumplirían con los requisitos técnicos, generando un presunto detrimento de $1.116 millones.
Contraloría alerta y remite casos a Fiscalía y Procuraduría
La Contraloría anunció que estos casos fueron trasladados a su equipo especializado para rastrear los pagos realizados a entes territoriales como alcaldías y bancos de desarrollo, y que el informe completo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que inicien las investigaciones correspondientes.
El órgano de control también recordó que, aunque los recursos puedan ser ejecutados por entidades territoriales o terceros, la responsabilidad sobre su manejo sigue recayendo en el DPS como entidad contratante y coordinadora.
¿Fallas administrativas o desinterés por el control?
Este informe deja en evidencia una preocupante debilidad en la trazabilidad de los recursos públicos y en la gestión documental del DPS. La ausencia de información no solo impide ejercer control fiscal, sino que afecta directamente la transparencia y confianza ciudadana en la inversión pública.
Desde Noticias NVC hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se investigue a fondo este caso, y se determinen las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que correspondan. El país no puede permitirse perder de vista el destino de más de dos billones de pesos.