En el consejo de ministros del martes 25 de marzo, la Superintendencia de Salud presentó un plan de acción para abordar los problemas de acceso a medicamentos en Colombia. Entre las principales medidas se encuentra la eliminación de los gestores farmacéuticos, permitiendo que las EPS negocien directamente con los laboratorios farmacéuticos, sin intermediarios.
El superintendente Giovanny Rubiano explicó que esta medida busca optimizar el uso de recursos, garantizar la entrega de medicamentos y mejorar la satisfacción de los usuarios. «Las EPS podrán adelantar negociaciones conjuntas con los laboratorios para evitar la intermediación y fortalecer el manejo de los presupuestos máximos», señaló.
Nueva estrategia de distribución
Según la Superintendencia de Salud, bajo este nuevo esquema las EPS pagarán directamente a la industria farmacéutica, la cual producirá los medicamentos y los entregará a operadores logísticos. Estos operadores, que incluirán hospitales públicos y empresas como 472 y Drogas La Rebaja, serán los responsables del almacenamiento, distribución y dispensación de insumos y fármacos.
«Ya hemos establecido varias mesas de negociación para la dispensación de medicamentos e insumos a domicilio. Con esto, fortaleceremos la red pública y eliminaremos el monopolio en la distribución», afirmó Rubiano.
Otras medidas complementarias
Además de la eliminación de los gestores farmacéuticos, el Gobierno Nacional anunció la implementación de mesas de crisis para abordar la problemática del acceso a medicamentos. También se simplificarán los procesos para pacientes vulnerables y se crearán comités de seguimiento para evaluar la operación de la nueva red de distribución.
Dudas sobre la propuesta
Desde 2022, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado la idea de convertir Drogas La Rebaja en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como parte de una estrategia para abaratar los medicamentos genéricos en el país. Actualmente, Drogas La Rebaja cuenta con más de 1.030 puntos de venta, de los cuales solo alrededor de 300 están bajo control del Estado a través de Copservir, intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en 2024.
En declaraciones a El Espectador, Mónica Luna, entonces representante de la cooperativa, afirmó que «nosotros solo somos dispensadores», lo que deja entrever los desafíos que enfrentan estos establecimientos para asumir nuevas funciones dentro del plan gubernamental.
La propuesta anunciada en el consejo de ministros ya había sido mencionada en el marco de la intervención de la Nueva EPS, aunque hasta ahora no se han reportado avances significativos en su implementación.