En un acto de solidaridad regional, once naciones latinoamericanas, junto con Estados Unidos, han expresado su firme rechazo a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que avala los resultados de las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio. Los Gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en una declaración conjunta difundida por la Cancillería chilena, manifestaron su profunda preocupación por la legitimidad del proceso electoral y la veracidad de los resultados.
El comunicado, firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de los países mencionados, destaca que la validación de los resultados por parte del TSJ se basa en una «supuesta verificación» emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual, según estos Gobiernos, carece de sustento técnico y jurídico. Esta declaración subraya las dudas persistentes sobre la transparencia y legalidad del proceso, señalando que el CNE habría convalidado unos resultados que no reflejan la voluntad popular y que fueron obtenidos bajo un clima de intimidación y falta de garantías democráticas.
Ante esta situación, los países firmantes reiteraron la urgencia de llevar a cabo una auditoría completa, imparcial e independiente de los votos, que permita esclarecer cualquier irregularidad y garantice el respeto a los principios democráticos. La auditoría debería incluir una revisión exhaustiva de todas las actas y el escrutinio de los mecanismos empleados durante el proceso electoral.
Esta declaración conjunta refleja el creciente aislamiento del Gobierno venezolano en la región y pone de relieve la preocupación internacional por el deterioro de la democracia en Venezuela. Los países firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se sume a esta exigencia de transparencia y apoyo al pueblo venezolano en su lucha por recuperar su derecho a elecciones libres y justas.