Tribunal ordena cierre definitivo de botaderos ilegales junto al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, atendiendo solicitud de la Procuraduría

El pronunciamiento judicial, en respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, exige al municipio de Soledad, a la Empresa de Servicios Públicos Interaseo y al Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas) clausurar y erradicar estos puntos críticos de manera total y definitiva.

Riesgos ambientales y de seguridad aérea

En la acción popular instaurada, el ente de control acreditó la afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración, particularmente, en lo referente al impacto que genera en la comunidad la proliferación de puntos de disposición de basuras y residuos sólidos a cielo abierto.

La Procuraduría evidenció que la existencia de esos vertederos de basura ilegales afecta no solo a los moradores de los sectores cercanos a los mismos, sino también la seguridad de la navegación aérea, y la integridad de pilotos, tripulación y pasajeros de las aeronaves, debido a la proliferación de aves de carroña en los alrededores del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que impiden que las operaciones aéreas se lleven a cabo con normalidad.

Nuevas medidas para el manejo de residuos.

El fallo también establece que las entidades accionadas deben construir una escombrera o sitio específico para la disposición final de residuos de construcción y demolición, junto con la implementación de un plan de manejo ambiental que mitiga el impacto generado por la disposición inadecuada de residuos.

Protección integral para los soledeños

En cumplimiento de la sentencia, se exige a las autoridades trabajar de manera coordinada para restablecer los derechos de los habitantes de Soledad, priorizando la restauración del medio ambiente, la salubridad pública y el acceso adecuado a los servicios.

Esta decisión reafirma el compromiso de las autoridades judiciales y de control con la protección del bienestar colectivo, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad en la gestión de residuos sólidos y la preservación de la seguridad.

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