La situación en el campo colombiano es cada vez más preocupante: la ausencia de jóvenes dispuestos a trabajar en las labores rurales pone en riesgo la sostenibilidad de la producción agrícola. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la mayoría de los campesinos en Colombia tienen entre 41 y 64 años, y en departamentos como el Eje Cafetero y Tolima Grande, la edad promedio supera los 57 años. Este envejecimiento progresivo implica que, en una década, el país podría enfrentarse a una grave escasez de mano de obra en el sector agrícola.
Estudios recientes señalan que de los 12,5 millones de jóvenes en Colombia, apenas el 22 % reside en zonas rurales, y muchos de ellos no ven en el campo una oportunidad de desarrollo. La falta de formación académica, la baja competitividad salarial y las precarias condiciones de seguridad alejan a las nuevas generaciones de las labores agrícolas, generando una migración tanto hacia las grandes ciudades como hacia el exterior.
En regiones como Antioquia y el suroccidente del país, la situación es particularmente crítica. Las empresas agroalimentarias no encuentran mano de obra suficiente, mientras los jóvenes prefieren emigrar a países como España o Estados Unidos, donde, paradójicamente, realizan trabajos agrícolas similares a los que podrían hacer en Colombia, pero en condiciones más favorables. Este fenómeno va de la mano con un incremento en la importación de productos básicos como naranjas o manzanas, una dependencia preocupante para un país tradicionalmente agrícola.
La falta de oportunidades en el campo ha tenido un impacto devastador en las llamadas zonas rojas de orden público, como el Cauca, Catatumbo y Urabá. En estas áreas, muchos jóvenes terminan siendo reclutados por grupos armados ilegales debido a la falta de opciones económicas formales. Guerrillas y narcotraficantes se han convertido en referentes para estos jóvenes, quienes ven en ellos la única posibilidad de obtener ingresos, aunque sea a costa de la violencia.
A pesar de la gravedad del problema, las respuestas de los gobiernos locales y nacionales han sido insuficientes. La precariedad en infraestructuras, la inseguridad y la falta de incentivos para permanecer en las zonas rurales están provocando una crisis que podría culminar en una «Colombia despoblada», sin jóvenes ni relevo generacional en el campo. Esta situación amenaza no solo la producción de alimentos, sino también la estabilidad social y económica del país.
El campo colombiano necesita con urgencia políticas estructurales que ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de un futuro digno en sus propias tierras, y que frenen el éxodo masivo que, de no ser atendido, podría tener consecuencias irreversibles para el país.