Bogotá, 21 de noviembre de 2024
La exfuncionaria habría celebrado contrato sin cumplimiento de requisitos legales y **falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía según la investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Urrutia habría incumplido las normas de contratación estipuladas en el Decreto 1622 de 2022, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa.
Tumban irregularidades identificadas
El decreto mencionado encargaba al Ministerio del Deporte la contratación de un software llamado “Sistema de Validación Nacional”. Este sistema buscaba asociar las boletas de ingreso a los estadios con la identidad de los hinchas y verificar antecedentes con el fin de hacer efectivas las restricciones, de derecho de admisión en los estadios. La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.
Advertencias ignoradas
Los elementos de prueba demuestran que la exministra presuntamente desconoció las
advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación. Aun así, suscribió un convenio
Asimismo, se evidencia que en el proceso precontractual no se realizaron estudios de mercado ni análisis de precios, lo que resulta tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.
Por último, el Decreto 1622 de 2022 habilitó a la exministra Urrutia Ocoró para contratar el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”. No obstante, a pesar de las advertencias de su equipo fue contratado
Diferencias en el objeto contratado
El contrato también presenta inconsistencias en su objeto. Aunque el decreto habilitaba a la exministra para diseñar e implementar el sistema de validación, el contrato finalmente se destinó a un análisis de la implementación, desviando hacia un objeto muy diferente: “el análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.
En ese sentido, el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos
eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación
plasmando hechos contrarios a la realidad.
Cargos adicionales por falsedad documental
La Fiscalía acusa a la exministra de falsedad en documento público por incluir avales de funcionarios que no participaron en la estructuración del proyecto y por plasmar información contraria a la realidad en los estudios previos y actos administrativos.
Con estos hallazgos, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de posibles actos de corrupción que comprometen la gestión de recursos públicos.
Esta información se publica por razones de interés general.