El reciente aumento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha desatado una fuerte controversia en el país, reflejando las profundas tensiones estructurales del sistema de salud colombiano. Este ajuste, aunque necesario según el Gobierno, ha puesto en evidencia los desafíos fiscales y las implicaciones.
Diego Guevara, ministro de Hacienda, advirtió que la posibilidad de un incremento mayor en la UPC está limitada por la realidad fiscal del país. “Es irresponsable crear una ilusión cuando no existen los recursos”, afirmó el funcionario, subrayando que la estrechez presupuestal obliga a priorizar el uso estratégico de los fondos públicos. Esto significa que, aunque el sistema de salud enfrenta presiones crecientes para mejorar su cobertura y calidad, los colombianos deberán prepararse para posibles ajustes en los costos o servicios del sistema.
El impacto sobre los ciudadanos podría extenderse más allá del debate técnico. Para muchos colombianos, la posibilidad de que el sistema de salud no reciba los recursos necesarios genera incertidumbre sobre el acceso a servicios esenciales. Además, la discusión en torno a la sostenibilidad del modelo abre preguntas sobre quién debe asumir mayores responsabilidades: el Estado, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o los usuarios.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que la reforma al sistema de salud, que se debatirá en el Congreso el próximo mes, busca garantizar la formalización laboral de los trabajadores del sector. Este objetivo, según Jaramillo, apunta a una mayor estabilidad para quienes prestan servicios de salud, lo que a su vez repercutiría en una atención más eficiente para el usuario.
El ministro también hizo un llamado a los entes de control para que investiguen las operaciones financieras de las EPS, señalando que su integración vertical genera beneficios corporativos mientras el sistema enfrenta un déficit. “No puede ser que las EPS reporten utilidades mientras dicen no tener dinero para atender a los pacientes”, afirmó Jaramillo.
Entre las propuestas de la reforma, se contempla que las EPS dejen de tener responsabilidad financiera directa y, en cambio, asuman un papel centrado en la obtención de resultados en salud. Este cambio estructural, aunque polémico, podría transformar la manera en que los colombianos perciben y acceden al sistema de salud, al tiempo que busca eliminar.
En conclusión, este debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia tiene implicaciones profundas para los ciudadanos. Desde la posibilidad de ajustes en los costos hasta un cambio en el modelo de gestión de las EPS, la discusión plantea retos significativos que afectarán tanto a quienes prestan servicios como a quienes los reciben. La sostenibilidad del sistema de salud, crucial para millones de colombianos, está ahora en manos del Congreso y del consenso que se logre en el diálogo nacional que propone el gobierno.