La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ante la preocupante acumulación de solicitudes de pensión por invalidez, que afecta a miles de personas en el país.
De acuerdo con las investigaciones del ente de control, a diciembre de 2023, un total de 11.417 personas están a la espera de la calificación final que les permitiría acceder a su pensión. Este retraso prolongado, que en algunos casos se extiende por más de 12 meses, constituye una vulneración a los derechos de esta población, especialmente a aquellos con condiciones de especial protección constitucional.
La procuradora Claudia Hernández, Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, destacó que resulta inaceptable que los usuarios deban esperar largos periodos de tiempo sin obtener una respuesta clara de las autoridades competentes. Hernández enfatizó la necesidad urgente de que la Junta Nacional de Invalidez y sus Salas de Descongestión aceleren la evacuación de estas solicitudes, garantizando así un servicio más eficiente y ágil.
«Es fundamental que las entidades encargadas de este proceso mejoren su capacidad de respuesta. No podemos permitir que la lentitud en los trámites siga afectando a una población vulnerable que depende de estas decisiones para su sustento y bienestar», afirmó la procuradora.
En respuesta a esta crisis, la Procuraduría anunció la creación de mesas de seguimiento con el objetivo de supervisar el avance en la descongestión de estos casos y asegurar que los resultados se traduzcan en beneficios tangibles para quienes esperan la calificación de invalidez. La rápida evacuación de estas solicitudes no solo restablecerá derechos, sino que también garantizará una atención digna y oportuna para quienes más lo necesitan.