Foto/policia barranquilla Diego Jose Palomino, Jefe cabecillas los Pepes.
Las declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sobre la política de seguridad que implementará una vez asuma el Gobierno Nacional, comenzaron a generar reacciones entre las estructuras criminales del país. En las últimas horas, los máximos cabecillas de la organización delincuencial «Los Pepes» manifestaron su intención de acogerse a un eventual proceso de sometimiento a la justicia.
El pronunciamiento se conoció después de que el mandatario electo advirtiera que las organizaciones criminales tendrán una única oportunidad para someterse a la justicia dentro del marco de la ley. De acuerdo con lo expresado por De la Espriella, quienes decidan continuar delinquiendo enfrentarán una ofensiva contundente por parte de la Fuerza Pública y de las autoridades judiciales.
A través de una carta dirigida al presidente electo, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados por las autoridades como cabecillas de «Los Pepes», expresaron su voluntad de acogerse a los mecanismos legales de sometimiento, asegurando que están dispuestos a asumir las consecuencias jurídicas de sus actuaciones, siempre que el proceso se adelante con las garantías previstas en la legislación colombiana.
Por su parte, De la Espriella indicó que cualquier acercamiento deberá realizarse bajo las normas vigentes y reiteró que su gobierno no adelantará negociaciones políticas con organizaciones criminales ni concederá beneficios por fuera de lo establecido en la ley. Agregó que el sometimiento deberá estar acompañado de verdad, reparación a las víctimas y cumplimiento efectivo de las penas que determinen las autoridades competentes.
El anuncio ha despertado diversas reacciones en el ámbito político y judicial, mientras expertos consideran que el eventual sometimiento de integrantes de organizaciones criminales representará uno de los principales retos de la política de seguridad que comenzará a implementarse a partir del próximo 7 de agosto.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la apertura formal de un proceso de sometimiento, por lo que cualquier actuación dependerá de los procedimientos y decisiones que adopten los organismos competentes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano.