El suroccidente colombiano vivió uno de los fines de semana más críticos en materia de orden público en los últimos años, tras una seguidilla de atentados terroristas registrados entre el Valle del Cauca y el norte del Cauca, generando zozobra, pérdidas humanas y graves afectaciones económicas.
De acuerdo con reportes recientes, en menos de 24 horas se registraron múltiples acciones violentas, incluyendo ataques con explosivos, hostigamientos armados y acciones contra infraestructura estratégica, particularmente sobre la vía Panamericana, eje clave de movilidad en la región.
Uno de los hechos más graves ocurrió en el municipio de Cajibío, Cauca, donde la detonación de un artefacto explosivo dejó inicialmente al menos siete personas muertas y más de 17 heridas; sin embargo, en las últimas horas el balance ha aumentado de manera significativa, superando las 20 víctimas fatales y decenas de lesionados, lo que evidencia la magnitud de la tragedia.
Las autoridades atribuyen esta ola de violencia a disidencias de las antiguas FARC, particularmente estructuras vinculadas a alias “Iván Mordisco”, que han intensificado sus acciones en el suroccidente del país.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se desplazó a la región donde lideró consejos extraordinarios de seguridad en Palmira y Popayán. Como parte de las decisiones adoptadas, el Gobierno Nacional anunció el incremento del pie de fuerza, el despliegue de capacidades militares y de inteligencia, así como una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de los ataques.
La situación ha generado una fuerte reacción de los gremios económicos y líderes regionales, quienes advierten que la escalada violenta está impactando la seguridad, la movilidad y la economía del suroccidente colombiano, al tiempo que exigen medidas contundentes y presencia permanente del Estado en los corredores estratégicos.
Este nuevo episodio de violencia reabre el debate nacional sobre la seguridad y la efectividad de las estrategias del Gobierno frente a los grupos armados ilegales, en una región históricamente golpeada por el conflicto y hoy nuevamente en alerta.
