El reciente incidente en San José del Guaviare, donde 66 militares fueron retenidos por más de 72 horas, ha desatado una serie de cuestionamientos sobre el proceso de paz con la disidencia de las FARC, liderada por “Calarcá Córdoba”. Aunque los uniformados ya fueron liberados, el hecho plantea dudas sobre la vigencia del cese al fuego, la extorsión y el rol de las organizaciones sociales en el conflicto.
El Ejército calificó la situación como un secuestro, mientras que la comunidad local lo denominó un «cerco humanitario». La presencia de estos soldados, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en la zona fue justificada por el Ejército como una respuesta a denuncias de extorsión por parte del frente Jorge Suárez Briceño, vinculado a esta disidencia.
Sin embargo, la disidencia de «Calarcá Córdoba» negó cualquier responsabilidad en la retención y afirmó no tener influencia sobre las organizaciones sociales que la llevaron a cabo. Esta negativa, sumada a la división interna del grupo, arroja sombras sobre la voluntad de paz de esta facción.
El jefe negociador del Gobierno, Camilo González, subrayó que estos hechos no deben ser vistos como confrontación armada, ni como una violación al cese al fuego. No obstante, la retención ha generado escepticismo, especialmente tras recientes incidentes con esta disidencia, como la captura de miembros del grupo en vehículos de la UNP.
La guardia campesina y las organizaciones sociales, que han sido acusadas de ser influenciadas por la disidencia, jugaron un papel crucial en la retención de los soldados. Estas guardias, cuya función principal es la autoprotección de las comunidades rurales, aún no son reconocidas por el Estado, aunque su rol ha sido señalado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, sugirió que este secuestro debería llevar a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. Aunque el protocolo del cese al fuego no aborda específicamente la extorsión, este tema ha sido un punto de discusión en la mesa de diálogos, dado que se relaciona con las exacciones, prácticas condenadas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En un contexto donde el Gobierno es percibido como demasiado flexible en su enfoque hacia la paz, este incidente podría ser un punto de inflexión en el proceso con las disidencias de las FARC.
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