
Un atroz acto de violencia sacudió al resguardo indígena de San Lorenzo, en la zona rural de Riosucio, Caldas. Según denunció la ONG Colombia Visible, un hombre de esta comunidad ancestral fue empalado por siete individuos, quienes, vestidos con prendas similares a las de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, buscaban información sobre sus hijos, presuntamente en lo que sería un nuevo caso de reclutamiento forzado de menores.
El hecho ocurrió el sábado 11 de enero y fue confirmado por el abogado Andrés Felipe Lass Ledesma, coordinador de la ONG, quien declaró al periódico La Patria:
“La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, fue trasladada el lunes 13 de enero a un centro asistencial de alta complejidad en Manizales debido a la gravedad de sus heridas. El personero municipal de Riosucio, Daimer Manuel Moreno Rengifo, confirmó que se interpondrán las denuncias pertinentes y expresó su preocupación por la creciente vulnerabilidad de las comunidades en esta región.
Ante esta situación, la secretaría de Gobierno de Caldas, Martha Isabel Hernández, informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y que el próximo miércoles 15 de enero se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad a fin de tomar acciones y evitar este de hechos de las bandas criminales, la Policía del municipio activó todos los protocolos establecidos para hechos de esta naturaleza, la comandante de la institución en el departamento, la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, negó que en esa población haya injerencia del algún grupo armado organizado.
Sin embargo, la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía en el departamento, negó la presencia de grupos armados organizados en esta jurisdicción. “Hemos activado nuestra burbuja jurídica y especialmente investigativa para identificar a posibles responsables. Por ahora, no tenemos indicios de la injerencia de grupos ilegales en la zona”,
El ataque, que ha sido condenado por diversos sectores, pone en evidencia la urgente necesidad de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades indígenas, quienes han sido históricamente víctimas de la violencia y el desplazamiento.